Por Juan Pablo Ojeda
Después de tantos años de discursos y promesas, la lucha contra la corrupción comienza a mostrar señales de que puede pasar de las palabras a los hechos. En la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la gestión de Aureliano Hernández Palacios Cardel está dejando de ser un trámite técnico para convertirse en un factor político que incomoda a instituciones, gobiernos y empresas por igual.
No es exagerado preguntarse si México está viendo el surgimiento de un nuevo zar anticorrupción. Un auditor que parece dispuesto a investigar sin importar a quién incomode, y que ha colocado otra vez la fiscalización del dinero público en el centro del debate nacional, más allá de los ciclos mediáticos de corto plazo.
La actuación al frente de la ASF está marcando una nueva etapa. Las investigaciones sobre posibles irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como en gobiernos municipales y estatales, y también en grandes empresas, envían un mensaje que durante mucho tiempo hizo falta: nadie debería estar por encima de la rendición de cuentas.
Ese mensaje se tradujo en cifras concretas el 30 de octubre de 2026, cuando la ASF presentó ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025. En total se entregaron 374 informes y se identificaron más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar, un volumen que obliga a explicar cómo se ejerció el gasto público del año anterior.
El desglose oficial confirma dónde duele más la fiscalización. En 42 auditorías municipales, la ASF revisó el 100 por ciento de los recursos federales otorgados a esos gobiernos y encontró más de 5 mil 200 millones de pesos cuyo destino no pudo acreditarse documentalmente. En el ámbito estatal se registraron más de mil 200 millones pendientes de aclarar, concentrados sobre todo en educación y salud. En el orden federal destacan el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, que suman entre ambos un monto observado de 2 mil 327 millones de pesos.
Antes de que concluyeran las revisiones, las entidades federativas reintegraron mil 132 millones de pesos a la Tesorería de la Federación. El sector salud concentró la mayor parte de esos reintegros, con 553 millones. Puebla, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California figuran entre las entidades que devolvieron recursos. Esa devolución no borra las observaciones pendientes, pero sí muestra que la presión auditora puede recuperar dinero público antes del cierre formal de los expedientes.
Más allá de la segunda entrega, la ASF ha ampliado el alcance de sus revisiones y está ejerciendo atribuciones que durante años se percibieron subutilizadas. El propio auditor ha informado que, a seis meses del inicio de su gestión, se presentaron 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, y que por primera vez tres de ellas se interpusieron mientras las auditorías relacionadas seguían en curso.
La investigación de oficio sobre posibles irregularidades vinculadas al INE y a los OPLEs refuerza la lectura de que la institución ya no se limita a esperar denuncias externas. Trabajos de inteligencia han señalado grupos empresariales con operaciones millonarias ante organismos electorales y otras entidades públicas; el proceso, según ha insistido la ASF, debe respetar el debido proceso y no anticipar responsabilidades ni verdades judiciales.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho del combate a la corrupción una de sus banderas. Hoy, con un auditor que está dando señales de actuar en esa misma dirección, comienza a perfilarse algo que la ciudadanía lleva años esperando: que la lucha anticorrupción vaya en serio y no se agote en anuncios sin seguimiento.
Queda por delante la tercera entrega de la Cuenta Pública 2025, prevista a más tardar para el 20 de febrero de 2027, y el grueso de las revisiones a más de mil 200 municipios y alcaldías que la ASF fiscaliza de manera directa. El examen real no será solo el volumen de observaciones, sino si se investiga, se llega hasta el fondo y hay consecuencias administrativas o penales verificables.
Porque combatir la corrupción no es solamente decirlo: es fiscalizar con rigor, documentar hallazgos, promover acciones y demostrar que el dinero público no es botín de nadie. Si la ASF sostiene este ritmo sin selectividad política ni pausas cómodas, el país podría estar ante un cambio de época en la rendición de cuentas.
